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Injusticia Infinita: la nueva guerra contra el
terror La amenaza de ataques aéreos después del 11 de septiembre obligó a desalojar de ese país a los trabajadores que prestaban ayuda internacional, lo que fracturó los programas en la materia. Los refugiados que llegaron a Pakistán, después de duros viajes desde Afganistán, describieron escenas de desesperación y temor en el país, cuando la amenaza de los ataques dirigidos por Estados Unidos convirtió la prolongada miseria diaria en una catástrofe potencial. “El país colgaba de una cuerda de salvamento y acabábamos de cortarla”, dijo un cooperante al New York Times Magazine. El Programa Mundial de Alimentos
de la ONU comenzó a funcionar nuevamente hasta principios de octubre. Se empezó
a enviar alimentos, pero a niveles más reducidos. Como la ONU no tiene personal
en Afganistán, el sistema de distribución fue obstaculizado y se suspendió en
cuanto comenzaron los bombardeos. Así, mientras la entrega de ayuda fluía de
nuevo, las agencias humanitarias criticaban con dureza que Estados Unidos
lanzara alimentos vía aérea, y condenaban estos actos al considerarlos
instrumentos de propaganda que probablemente hacían más daño que bien. Ahora
estoy citando al Financial Times de Londres, pero es fácil continuar. Todo esto nos indica que está ocurriendo una especie de genocidio silencioso, y nos brinda la oportunidad de ver lo que es la cultura de la elite, de la que formamos parte. Los planes y los programas que se están poniendo en marcha se basan en la suposición de que pueden llevar a la muerte a varios millones de personas en las próximas semanas con toda tranquilidad, sin comentarios, como si fuera algo normal, aquí y en buena parte de Europa. Una victoria más del comercio de la guerra Las tropas de Hamid Karzai, el presidente de Afganistán impuesto en Bonn, comenzaron a entrar en la mañana de día siete de Diciembre en Kandahar. La prensa nos dice que Karzai ha manifestado su deseo de que el proceso de rendición de los talibanes “continúe sin problemas ni baños de sangre”, haciendo referencia a que no iban a producirse más matanzas como la de Mazar-i-Sharif. Esos crímenes, como tantos otros, no serán juzgados. Los vencedores gozan de una impunidad absoluta. La ley de los hombres se muestra nuevamente selectiva, como un instrumento al servicio de unos pocos. Es la justicia militar que se impone a escala planetaria: la “justicia infinita” de los hombres, que ha querido sustituir una vez más a la Ley como algo que está al margen de los intereses particulares. Ahora, los vencidos esperan no morir acribillados, esperan por lo menos ser entregados a unos tribunales que ya han dictado hace tiempo su sentencia. Debemos aprender de esto como un signo, como una de las aleyas de Al-lâh: los talibanes han tergiversado la Shar'îa, la han utilizado como instrumento represivo, y han acabado entregando el país a la ley del más fuerte, a un sentido de justicia aún más aberrante, por ser el respaldo de un sueño de dominio global que pasa por la deshumanización y el desarraigo de todos los pueblos de la tierra. Las historias de guerra no dejan ver lo que se esconde detrás de todo esto, aunque apenas puede disimularse lo que salta a la vista: Afganistán ha sido tomado por unas cuantas empresas que pretenden rapiñar sus recursos naturales, ha sido conquistado por unas entidades que no se llaman “Estados Unidos” ni “Unión Europea”, ni mucho menos “democracia”, “civilización occidental” o “lucha contra el terrorismo” sino UNCOAL, BAYER, SCHELL, HARKEM, o GRUPO CARLYLE, y que tiene a su servicio a todos los ejércitos del mundo. Las imágenes oficiales, lejos de mostrar el lado oscuro de los acontecimientos, pretenden transmitirnos una versión diferente. Afganistán es de repente un país “civilizado”, que ha cambiado su anti-islam por el despotismo de unos soldados avalados por su aceptación de unas determinadas condiciones económicas. Algunos pretenden que Afganistán entrará a formar parte del nuevo orden mundial de la noche a la mañana, y nos regalará unos gases no letales (como los que nosotros les hemos regalado) sino aquellos otros que calentarán nuestros hogares a bajo precio mientras la población afgana se muere de hambre y pasa el invierno acurrucada bajo unas pocas mantas en sus montañas de siempre. Afganistán -como Angola, el Congo, Colombia o la Argentina, y tantísimos otros- tiene la mala suerte de ser uno de los países potencialmente más ricos de la tierra. Es esa riqueza, paradójicamente, la que condena a sus gentes a la miseria más extrema.
Los testigos declararon que vieron los cuerpos desmembrados de cientos de prisioneros talibán tirados entre los escombros aún humeantes de los edificios, los trozos de caballos muertos y vehículos ametrallados. Un olor acre saturaba el aire mientras personal de la Cruz Roja comenzaba a cargar los cadáveres sobre remolques para enterrarlos. Un fotógrafo de Associated Press que entró al sector vio los cadáveres de unos 50 prisioneros, que parecían haber sido ejecutados con sus manos atadas con pañuelos negros detrás de sus espaldas. Los soldados de la Alianza estaban ocupados cortando los pañuelos con cuchillos y tijeras. La BBC informó que las tropas de la Alianza continuaron disparando a los cuerpos de los talibán en caso de que alguno de los prisioneros siguiera en vida.
El Grupo Carlyle ha cultivado y disfrutado de una existencia prácticamente oculta durante los últimos 14 años. Aún así ha atraído a sus rangos a un despliegue de “peces gordos republicanos” además de una exquisita selección de políticos internacionales. John Major, el ex-primer ministro británico, es uno de sus consejeros, así como el ex-Presidente Filipino Fidel Ramos y el ex-Primer Ministro Malayo Anand Panyarachun. También lo son un presidente del Bundesbank Alemán y un ex-alto mandatario de la Comisión de Seguridad e Intercambio de EEUU. Decir que el Grupo Carlyle está bien conectado sería poco, y como Carlyle es una compañía privada, no está obligada a revelar información detallada sobre sus inversiones o actividades comerciales. Es bien sabido que la firma ha favorecido siempre a los sectores de defensa y aeroespacio, con una variedad de inversiones entre afiliados del Pentágono. “Sus capitales en el sector de defensa son muy extensos” dice Tom Fitton, Presidente de “Judicial Watch”, un gabinete de abogados neoyorquino. “Entre las principales empresas del Grupo Carlyle esta United Defence Industries, un fabricante de vehículos blindados y armamento, cuyas acciones registraban un valor inicial de 300 millones de dólares en Octubre de este año”. “Judicial Watch” presentó una
solicitud para obtener documentos que esclarecían los negocios de Carlyle
dirigidos por George Bush padre, quien al parecer mantuvo por los menos dos
encuentros con la familia de bin Laden en Arabia Saudita previo a los atentados
del 11 de septiembre. “Tiene muy mala apariencia” dijo Fitton. “Que el padre del
actual presidente de EEUU esté haciendo negocios con gobiernos extranjeros
muestra que hay un claro conflicto de intereses”. Las garantías constitucionales
fundamentales -el derecho de hábeas corpus, el derecho del acusado saber los
cargos que se le imputan, el derecho de la persona detenida consultar con un
abogado, hasta la presunción de la inocencia- se han tirado a un lado para
millones de inmigrantes provenientes del Medio Oriente y el Asia Central. Para
la población entera, el derecho a la vida privada casi ha sido abolido. A las
agencias gubernamentales de espionaje se les ha dado permiso para que planten
micrófonos e intercepten llamadas telefónicas, vigilen transacciones financieras
y conduzcan otros tipos de espionaje tal como les plazca. Entre las medidas más ominosas de
la ley se encuentra la abolición de la “pared de fuego” entre las agencias de
espionaje para el exterior y el interior del país. La Agencia Central de
Espionaje (CIA) ahora tiene la autoridad de compartir información con el FBI.
Podrán, por lo tanto, colaborar en el espionaje dentro del país y preparar
acciones penales. Al FBI también se le ha autorizado compartir con la CIA, sin
recurrir a órdenes judiciales, información obtenida durante las diligencias de
los Gran Jurados, lo cual le da a la CIA acceso a información sobre el interior
del país que anteriormente se le había prohibido. Kate Martín, directora del Centro
para los Estudios sobre la Seguridad nacional, ha comentado que la conducta del
gobierno durante las investigaciones “se parece espantosamente a la
'desaparición' de personas en Latinoamérica”. Los cambios arrolladores representan la culminación de dos décadas de reacción política y ataques contra los derechos democráticos y mediante las cuales ha habido un aumento constante de las fuerzas represivas del estado: dos millones de estadounidenses en las cárceles, miles en el corredor de la muerte, restricciones jurídicas contra los derechos de los acusados, expansión de los poderes de la policía para espiar y conducir la vigilancia electrónica. Con estos desarrollos ha surgido una derecha de mentalidad fascista que tiene poco apoyo, pero sí una enorme influencia en el Partido Republicano, en el Congreso nacional y ahora en la Casa Blanca. Todas las formas tradicionales de
democracia burguesa en Los Estados Unidos están en duda. El gobierno de Bush
expresa un desprecio hacia la democracia que satura a sectores poderosos de la
oligarquía corporativa y financiera, así como también a sus aliados semi
fascistas en la derecha cristiana, la camarilla de cabilderos que abogan por las
armas y el movimiento de las milicias. Están preparados para imponer el régimen
más autoritario posible. Conceptos tales como la separación de poderes entre las
tres ramas del gobierno o la vigilancia legislativa de la rama ejecutiva se
están echando a un lado con tal de expandir enormemente la autoridad policíaca
del ejecutivo federal. (…) En los Estados Unidos, según la Constitución y el sistema legal imperante, se presume que un individuo bajo arresto es inocente hasta que se pruebe lo contrario. El peso de las prueba cae sobre los hombros de la fiscalía. En un caso penal, ésta debe probar la culpabilidad “sin que quede una duda razonable”. Pensadores democráticos por muchas décadas ya habían elaborado estos reglamentos jurídicos e integrándolos a la tradición jurídica de la Revolución Estadounidense, la cual se había opuesto a los antiguos tribunales británicos de inquisición y a otras prácticas despóticas. La Carta de los Derechos [las diez
primeras enmiendas a la constitución de Los Estados Unidos], que prohíbe el
“castigo cruel e insólito”, fue una reacción directa a las monarquías europeas
que hacían uso de la tortura. Michael Ruppert, redactor y editor del boletín informativo de From The Wilderness (FTW) (www.copvcia.com), ha sido interpelado tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado, por causa de su experiencia tocante a las operaciones clandestinas ilegales de la CIA. Dijo recientemente que, “está bien documentado que la CIA ha monitorizado desde hace tiempo tales comercios (sospechosos o poco usuales) -en tiempo real- como potenciales advertencias de ataques terroristas y otras acciones económicas contrarias a los intereses de EE.UU.” Ruppert fue el primero en señalar, después del 11 de septiembre, que el Director Ejecutivo de la CIA, Buzzy Krongard, tiene amplios vínculos pretéritos con el Deutsche Bank-Alex Brown. Ruppert agregó, “Hay evidencia clara y abundante de que una cantidad de transacciones en los mercados financieros mostraron un previo conocimiento específico [criminal] de los ataques del 11 de septiembre... y que la sociedad que fue utilizada para colocar las opciones put en acciones de UAL fue, hasta 1998, dirigida por el hombre que ahora está en la tercera posición de la CIA”. Según los periodistas del San Francisco Chronicle, Christian Berthelsen y Scott Winokur, una fuente familiar con las transacciones de UAL dijo que había inversionistas que aún no habían cobrado 2,5 millones de dólares en beneficios por contratos comprados antes de que los aviones de United se estrellaran contra una de las torres del New York Trade Center y un campo desierto en Pensilvania el 11 de septiembre. La fuente del Chronicle también identificó al Deutsche Bank-Alex Brown como la firma de inversiones utilizada para comprar parte de las opciones de UAL; y Rohini Pragasam, una portavoz del banco, se negó a comentar sobre la transacción. El semanario alemán Der Spiegel reveló que el Deutsche Bank también manejaba cuentas por unos 100 millones de dólares para la familia de bin Laden. Éstas forman parte de unas 10 cuentas de las que se sospechaba que tenían vínculos con terroristas o actividades terroristas y que fueron entregadas a las autoridades alemanas después de los ataques, según un informe en The Guardian de Gran Bretaña. Pero no ha habido comentarios provenientes del gigante financiero. Aunque el director de medios de la Comisión de Valores y Cambios (SEC), John Nester dijo que “la investigación sigue su curso sin que actualmente se haya llegado a conclusiones,” Nester (hablando por la SEC), tuvo dificultades para explicar la descripción del puesto del actual Vicepresidente Ejecutivo para Seguridad de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE en inglés), David P. Doherty. Sólo dijo que “la Bolsa se regula a sí misma como organización autorreguladora (SRO en inglés)...” Esta vaga respuesta es tanto más provocativa ya que Doherty es un Consejero General de la Agencia Central de Inteligencia en retiro. Al preguntársele sobre el estado de la investigación de las desmedidas compras de opciones antes del ataque de United y American Airlines, Merryl Linch, Marsh y McLennan Insurance, Morgan Stanley, Citigroup, Bear Stearns, y American Express, etc. —todos íconos del capitalismo estadounidense— el Director de Comunicaciones de la Bolsa de Nueva York, Ray Pellecchia, dijo, “Ni siquiera confirmamos que haya actualmente una investigación”. Cuando se le preguntó por qué tantos antiguos ejecutivos importantes de la CIA tienen, o han tenido, posiciones del máximo nivel ejecutivo relacionadas de una u otra manera con el mercado de valores, sea a través de la SEC, de la Bolsa de Valores, o de otras entidades bancarias de inversiones, Pellecchia respondió lacónicamente, “Estoy perfectamente informado sobre los antecedentes y la experiencia de Mr. Doherty.” Las preguntas sobre quién terminará ocupando el centro de atención en la investigación de conflictos de interés en el monitoreo en tiempo real de los mercados financieros del mundo por parte de las entidades de inteligencia estadounidenses para proteger la seguridad nacional; para no hablar de los vínculos terroristas con acaudalados clientes privados saudíes con instituciones financieras globales que tienen acceso directo a los bancos de EE.UU., siguen sin recibir respuesta alguna. Mientras miles de familias
estadounidenses siguen sumidas en el dolor, lastimadas por el terrorismo, la
información que se recibe día tras día parece apuntar a una reacción superficial
del gobierno, o más bien, negligente, aletargada, chapucera, frente a problemas
fundamentales de la seguridad interna y de la estabilidad del país. Las sospechas de que Israel conoció con anticipación los atentados del 11 de septiembre se incrementaron después de que la emisora de televisión libanesa Al Manar difundiera la información de que el periódico israelí Yadiot Ahranot había revelado que la Shabak (servicio de seguridad israelí) impidió al primer ministro, Ariel Sharon, viajar a Nueva York y en particular a la costa este del país para participar en un festival organizado por varias organizaciones sionistas en apoyo de Israel. Por otro lado, el día después de los atentados, el periódico The Jerusalem Post, uno de los mayores de Israel, informó de que 4.000 israelíes estaban desaparecidos como consecuencia del ataque contra las Torres Gemelas. El periódico citaba la fuente del propio Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, que había llegado a esta cifra mediante testimonios de parientes y amigos, que en las primeras horas después del ataque, contactaron con el Ministerio y le proporcionaron los nombres de israelíes que trabajaban en el World Trade Center o tenían negocios en este lugar. Sin embargo, cuando George W. Bush
pronunció su discurso ante el Congreso el pasado 20 de septiembre afirmó que
además de varios miles de norteamericanos, 130 israelíes habían fallecido en el
WTC. La implicación lógica de esta afirmación era que Israel compartía en alguna
medida el sufrimiento de los norteamericanos. No obstante, la cifra dada por
Bush parecía excesivamente baja. Si había 4.000 israelíes en el WTC y la cifra
de muertos era de 130, era difícil de explicar esta tasa tan baja de mortalidad. Muchos analistas sugieren que la
baja tasa de mortandad indicada por Bush (130) indicaba que muchos israelíes que
trabajaban en el WTC habían sido advertidos antes del ataque. Cuando la tasa de
muertos se redujo a sólo un israelí, esta hipótesis se convirtió en una certeza
absoluta. Un solo muerto entre 4.000 es una imposibilidad estadística. Las
únicas posibilidades lógicas son que en el 11 de septiembre tuviera lugar una
gran fiesta judía (cosa que no ocurrió), o que muchos israelíes recibieran una
advertencia previa de que se iban a producir los atentados. Así pues, existe una prueba
convincente e irrefutable de fuentes de toda solvencia de que Israel tuvo un
conocimiento previo de los atentados. En primer lugar, resulta claro que sin una
previa advertencia no podría haber habido únicamente una sola víctima mortal
israelí en el WTC. En segundo lugar, existe una clara confirmación de que una
compañía israelí con oficinas en el WTC e Israel recibió una advertencia dos
horas antes de los atentados. Según el informe recientemente elaborado por el Ministerio de Educación, las tropas de ocupación sionistas bombardearon 137 colegios, atormentaron a otros 29 y los convirtieron en puestos militares. Las fuentes del Ministerio estimaron que el número de estudiantes asesinados es 129, cantidad equivalente a 5 aulas de estudiantes, que casi forman todo el colegio, muchos de los heridos sufrieron discapacidades permanentes así como deformidades y mutilaciones. El constante bloqueo sionista
sobre los territorios ocupados ha minado el sistema educativo ya que el número
de profesores se redujo en un 10 por ciento. El bloqueo sionista interrumpió el
curso educativo en mas de 66 colegios en Al-Khalil(Hebron), Al-Huwara en Nablus,
Jenin, la aldea de Tuq en Belén, Sinjel y Silwat en Ramallah y Al-Bireh. El pasado miércoles día 5 de diciembre, el caso contra Sharon entró en una nueva etapa después de que el fiscal general belga, Pierre Morlet, asegurara que los tribunales belgas tienen competencia para juzgar el caso y que la investigación relativa a la responsabilidad de Sharon en las masacres de 1982 debe continuar. Los abogados de Ariel Sharon provocaron la suspensión temporal del caso en octubre, argumentando que Bélgica no tenía jurisdicción sobre un primer ministro que aún ocupa su cargo en la actualidad. Argumentaron también que Sharon ya había sido juzgado por la Comisión Kahan israelí de 1982, que en sus conclusiones confirmó que Sharon era “personalmente responsable” por las masacres. En la audiencia del pasado miércoles, el Fiscal General Morlett defendió los argumentos de los demandantes. Según Mallat, “[el Fiscal General]
rechazó todos los argumentos de los abogados de Sharon |
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Revista Verde Islam. Número 18. Año 6. 2002